El presidente del Gobierno de Cantabria, Nacho Diego, en su comparecencia del 28 de octubre pasado para avanzar las líneas generales del Presupuesto de Cantabria (que todavía debía esperar a las elecciones del 20-N para hacerlos públicos), lanzó su primer gran órdago: "Si no cumplo mis compromisos, cogeré mis cosas y me iré a mi casa".
A renglón seguido, Diego enumera los compromisos con los que se declaraba obligado personalmente y que, promemtió, tendrían reflejo presupuestario. "Sanidad incrementará sus recursos un mínimo de un dos por ciento; educación no sufrirá ningún recorte; la atención a la dependencia aumentará ligeramente; y las prestaciones y programas sociales se elevarán más de un 10%", enfatizó el presidente regional.
De momento, ya sabemos que habrá un recorte en educación de 30 millones de euros, en el que no se incluye el tijeretazo a la Universidad. Y eso que ya había un recorte, el propiciado por el aumento del 20% en las ratios de alumnos en Primaria y Secundaria, junto al aumento de horas lectivas mínimas del profesorado, así como la reducción "anunciada" de la oferta en Bachillerato. Todo ello traerá como consecuencia que cientos de profesores interinos no sean contratados, alrededor de 800 puestos de trabajo perdidos. Pero con los nuevos recortes la cifra se dispara y el número de afectados podría superar el millar. Eso sí, parece ser que, tanto para el gobierno regional como para el nacional, esto no supone ningún deterioro de la calidad de la enseñanza pública.
Pero, como dice la pregunta del título, ¿deben los políticos cumplir lo que prometen?. Pues ya podemos adelantar que no. Que todo se explica y justifica con "la herencia recibida", aunque él lleve en el gobierno hace ahora un año. Pero, como dice la frase que se está poniendo de moda, "para saber el tamaño de una mentira solo multiplica el largo de la explicación por el ancho de la excusa".
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Un saludo,
Félix
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